La Secretaría de Gobernación (Segob) del Estado de Puebla emitió un posicionamiento en el que exhortó de manera enérgica al Ayuntamiento de San Andrés Cholula, y al resto de los municipios de la entidad, a revisar y actualizar con urgencia los protocolos de actuación de sus corporaciones policiacas. El llamado ocurre tras la indignación provocada por la difusión de videos en redes sociales sobre el arresto de una mujer en presencia de sus hijos menores de edad.
Menores involucrados desatan quejas ante la CDH
El pronunciamiento estatal se derivó de una polémica detención civil ejecutada por elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula. Las grabaciones del incidente exhibieron la vulnerabilidad en la que quedaron los hijos de la detenida, lo que desató críticas ciudadanas y motivó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH) a iniciar formalmente tres expedientes de queja para investigar presuntos abusos de autoridad y violaciones a las garantías individuales.
Al respecto, la Segob estatal reconoció que los oficiales pudieron haber enfrentado un escenario de riesgo durante la intervención; no obstante, sentenció que la seguridad pública jamás debe justificar el maltrato o la desatención hacia los sectores más vulnerables.
“Ninguna actuación policial debe estar por encima de la integridad de las personas, especialmente cuando hay menores de edad involucrados. Toda intervención debe priorizar la protección de la vida y la salvaguarda de niñas, niños y adolescentes”, enfatizó la dependencia.
Seguimiento legal al actuar de la policía municipal
La Secretaría de Gobernación reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, pero bajo una estricta línea de respeto a los derechos humanos.
Asimismo, la dependencia estatal adelantó que vigilará de cerca el desarrollo de las investigaciones y las acciones legales que emprendan las instancias competentes (como la Fiscalía General del Estado o las áreas de Asuntos Internos), con la finalidad de esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes a los elementos que hayan incurrido en un uso desproporcionado de la fuerza.
