Hay momentos en los que el Estado sí responde. Este parece ser uno de ellos.
Veinticinco detenidos por cobro de piso, 16 de ellos en el Mercado Morelos. No es menor. Es un mensaje directo, sin rodeos: el gobierno de Alejandro Armenta decidió meterse a territorios donde durante años mandó el miedo… y el silencio.
Pero aquí viene lo incómodo.
Detener no es lo mismo que hacer justicia.
En Puebla —y no es secreto— hemos visto demasiadas veces la misma escena: operativo mediático, capturas relevantes… y días después, la famosa “puerta giratoria”. Del patrullaje al juzgado, y del juzgado a la calle. Como si nada.
Ahí es donde cambia el partido.
Hoy el balón ya no está en la cancha del Ejecutivo. Está en la de jueces y magistrados. Y ahí es donde históricamente se han perdido muchos de estos esfuerzos. No por falta de detenciones, sino por exceso de omisiones, criterios laxos o, en el peor de los casos, complicidades disfrazadas de tecnicismos legales.
El llamado es frontal: cero impunidad.
No es retórica. Es presión política. Y también social.
Porque el cobro de piso no es un delito abstracto. Es el pan más caro, el local que cierra, el comerciante que paga por miedo. Es una economía paralela que se alimenta de la impunidad institucional.
Por eso este momento es clave.
El gobierno ya hizo su jugada: 185 acciones, 84 detenidos en una semana, aseguramientos, operativos en varios municipios. Movimiento hay. Estrategia también.
Ahora falta lo más difícil: que el sistema de justicia no se convierta, otra vez, en el eslabón débil.
Si los detenidos regresan a la calle, el mensaje será devastador: que en Puebla delinquir sigue siendo negocio.
Si se sostienen los casos, entonces sí, estaremos ante algo distinto. No un golpe mediático, sino un punto de quiebre.
La pregunta es simple, pero incómoda:
¿Habrá justicia… o solo detenciones?
