El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, informó que la alcaldesa de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, cuenta formalmente con un dispositivo especial de seguridad y protección personal. La medida cautelar fue desplegada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal tras las denuncias penales de la edil, quien acusó públicamente a un bloque de regidores de mantener presuntos vínculos con células del crimen organizado.
Conflicto político con trasfondo delictivo
La crisis institucional en el municipio de la Mixteca poblana escaló de forma crítica luego de que la presidenta municipal señalara que las protestas y la parálisis administrativa promovida por ocho regidores opositores —quienes exigen su destitución y aumentos salariales— se encuentran presuntamente respaldadas y financiadas por un líder del grupo delictivo “Los Rojos”, el cual mantiene operaciones ilícitas en esa franja territorial.
El titular de la Segob respaldó firmemente la decisión de la munícipe de acudir ante las instancias ministeriales, confirmando que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya analiza el caso debido a la gravedad de las imputaciones que involucran al crimen organizado.
“La presidenta tiene ya seguridad, protección de manera personal por las denuncias que hizo, y como ustedes saben, presuntamente, atrás de todo el tema hay algunas bandas que ella señaló… Es importante que hagamos las denuncias, eso es una práctica que estamos promoviendo, de que no nos quedemos callados, aunque tiene sus riesgos”, enfatizó Aguilar Pala.
Regidores plantan mesa de diálogo; evalúan Consejo Municipal
El encargado de la política interna de Puebla descartó categóricamente que exista un vacío de poder o de leyes en Acatlán de Osorio, subrayando que la remoción de cualquier servidor público electo por el voto popular debe conducirse estrictamente por los canales constitucionales del Congreso del Estado y jamás mediante presiones informales.
Para destrabar el conflicto, el Gobierno del Estado envió una comisión interinstitucional integrada por personal de Gobernación, Seguridad y Derechos Humanos que permaneció ocho horas en la zona; sin embargo, el bloque de regidores inconformes no se presentó a la cita programada para la mediación.
Aguilar Pala advirtió que la prioridad del ejecutivo estatal es agotar la conciliación pacífica por la vía legal. No obstante, sentenció que si persiste la intransigencia del cabildo y esto deriva en una parálisis de los servicios públicos para los habitantes, la ley contempla los mecanismos necesarios para recurrir a la vía extrema: solicitar formalmente al Poder Legislativo la desaparición de poderes y la conformación de un Consejo Municipal interino.
