Como resultado de las acciones interinstitucionales de la estrategia nacional de seguridad y bajo la política de cero impunidad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de dos presidentes municipales en funciones del estado de Puebla, presuntamente involucrados en actividades ilícitas y redes de protección criminal.
Detenciones clave en la entidad poblana
Entre los funcionarios aprehendidos como parte de las investigaciones de la Operación Enjambre se encuentran:
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Said de Jesús Godos Luna, Presidente Municipal de Tepeyahualco.
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Isaac Rodríguez Ochoa, Presidente Municipal de Esperanza.
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Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública Municipal.
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Manuel “N”, hermano del edil de Esperanza.
En total, el despliegue de las fuerzas federales y locales permitió la captura de nueve personas señaladas por participar en células delictivas que operaban en el tramo carretero Puebla–Veracruz.
Aseguramiento de armamento y equipo táctico
Durante el cumplimiento de los cateos y órdenes de aprehensión, elementos de la SSPC, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, incautaron material de alto calibre y transporte adaptado:
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35 armas de fuego (incluyendo dos fusiles Barrett de alto poder).
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11 vehículos (cuatro con blindaje de fábrica y uno con blindaje artesanal equipado con torreta).
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Un dron e inhibidores de señal.
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Vestimenta y indumentaria táctica diversa.
Desarticulación de estructuras de corrupción local
Las autoridades destacaron que esta intervención representa un golpe sustancial a la capacidad logística y a las redes de impunidad institucional de la delincuencia organizada. Omar García Harfuch reconoció la colaboración del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en el desarrollo del operativo.
Acerca de la Operación Enjambre
La Operación Enjambre es una estrategia de seguridad de carácter interinstitucional integrada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y las fiscalías locales y federales. Su objetivo central es desarticular redes de complicidad entre servidores públicos de nivel municipal o estatal y grupos del crimen organizado en el país.
