Durante generaciones hubo comunidades donde entregar a una adolescente para que viviera con un hombre se justificó con una frase peligrosa:
“Así son nuestras costumbres”.
Puebla acaba de ponerle otro nombre: delito.
El Congreso tipificó la cohabitación forzada de menores y estableció penas de ocho a 15 años de prisión para quien obligue, induzca o gestione esas uniones. La protección alcanza incluso relaciones aparentemente consentidas cuando detrás existen presión, dependencia o coerción.
Y hacía falta.
Porque resulta muy sencillo hablar desde la ciudad de matrimonios infantiles como si fueran una práctica perteneciente a otro siglo. Mucho más difícil es reconocer que todavía existen niñas cuya pobreza, dependencia familiar o entorno social les dejan muy poco margen para pronunciar un verdadero “no”.
Ahí está precisamente el acierto de la reforma: entender que consentimiento y resignación no son lo mismo.
Pero tampoco caigamos en la cómoda fantasía de creer que 15 años de cárcel solucionarán el problema.
La ley puede castigar al responsable; difícilmente llegará por sí sola hasta una comunidad donde todos conocen la situación y nadie denuncia. Ahí harán falta maestros, médicos, DIF, autoridades municipales, ministerios públicos y, sobre todo, familias dispuestas a romper silencios.
El Congreso también endureció disposiciones relacionadas con estupro y violación cuando exista embarazo, prohibió expresamente el castigo humillante como método de crianza e incorporó otras reformas de protección a niñas, niños y adolescentes.
Son avances importantes.
Ahora viene la parte difícil: hacerlos realidad.
Porque algunas de las violencias más crueles contra las mujeres no comienzan con un golpe.
Comienzan mucho antes, cuando una niña descubre que todos decidieron su futuro menos ella.
Y ninguna tradición merece conservarse cuando para sobrevivir necesita sacrificar la libertad de una menor.
