Con el firme objetivo de frenar la justicia por propia mano y erradicar la impunidad en la entidad, el diputado local Andrés Villegas Mendoza presentó los detalles de la iniciativa de reforma legal que busca tipificar el linchamiento como un delito autónomo en el Código Penal del Estado de Puebla. La propuesta contempla penas de 10 a 15 años de prisión y multas económicas de mil a 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para quienes participen activamente en estos actos colectivos de violencia.
Castigo severo a incitadores y agravantes de género y edad
Uno de los ejes más innovadores de la reforma radica en la persecución penal de los autores intelectuales o agitadores. El legislador explicó que aquellas personas que convoquen o inciten a cometer un linchamiento podrían recibir de cinco a diez años de cárcel. Villegas Mendoza enfatizó que, con frecuencia, los incitadores son sujetos ajenos a las comunidades que escalan la violencia, proveen objetos contundentes para las agresiones y abandonan el sitio una vez desatado el caos.
Asimismo, la legislación contempla el endurecimiento de las penas mediante agravantes específicas cuando las víctimas pertenezcan a sectores vulnerables:
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Mujeres (con perspectiva de género).
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Niñas, niños y adolescentes.
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Personas en situación de vulnerabilidad física o social.
“El objetivo principal es tipificar el linchamiento como un delito autónomo, ya que actualmente no está contemplado de esa manera en la legislación estatal, lo que permitirá perseguir y sancionar de forma más efectiva este tipo de actos”, detalló el diputado.
Cabe destacar que estas sanciones se aplicarían de manera independiente y sin perjuicio de los delitos concurrentes que resulten de la agresión, tales como homicidio, tentativa de homicidio o lesiones calificadas.
Urgencia legislativa: Puebla en el Top 5 de linchamientos
Andrés Villegas argumentó que esta reforma responde a una problemática crítica de seguridad pública y cohesión social, recordando que Puebla se mantiene históricamente entre los cinco estados del país con mayor incidencia de linchamientos e intentos de ejecución tumultuaria.
Con la creación de este tipo penal autónomo, el Congreso del Estado busca dotar a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Poder Judicial de herramientas jurídicas precisas para agilizar las investigaciones, identificar las cadenas de mando en las agresiones comunitarias y disuadir de forma contundente estos episodios de violencia colectiva.
