PUEBLA, PUE. (14 de abril, 2026) – El escándalo en la escuela particular Carrusel Magone A.C. ha tomado un giro legal crítico tras confirmarse que la directora, Judith Gasparyan, engañó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante la entrega de planos falsificados. En los documentos oficiales de la institución, las áreas recientemente descubiertas por los padres de familia —que incluyen una habitación oscura con cama, una alberca y acceso a una vivienda particular— figuraban engañosamente como bodegas clausuradas y sin acceso. Esta revelación ha provocado que las familias sospechen de una posible red de encubrimiento, ya que exigen una investigación federal contra los supervisores que validaron el inmueble anteriormente, sugiriendo una cercanía irregular con la directiva que permitió la operación de estos espacios ocultos durante años.
Manipulación administrativa y rotación de personal
Más allá de las agresiones físicas denunciadas por los alumnos, los padres han puesto al descubierto una estrategia de camuflaje administrativo que permitía al plantel evadir sanciones constantes. La institución suele cambiar periódicamente su razón social y nombre comercial para limpiar su historial ante quejas recurrentes, operando bajo denominaciones como Colegio Magone o Carrusel Magone de forma indistinta. A este esquema se suma una rotación inusual de docentes, quienes son contratados con salarios mínimos y despedidos con frecuencia, lo que dificultaba que los maestros establecieran vínculos de confianza con los alumnos o denunciaran las anomalías que ocurrían en las salas contiguas al salón de música.
Proceso judicial y exigencia de clausura definitiva
Ante la gravedad de los testimonios que incluyen relatos de niños sometidos a castigos con antifaces y golpes abdominales, una comitiva de padres formalizó las denuncias ante la Fiscalía General del Estado para investigar posibles delitos de abuso. La comunidad escolar ha rechazado tajantemente la intención de la directiva de continuar las clases de manera virtual, exigiendo en su lugar la clausura total y definitiva del plantel para evitar que las evidencias sean alteradas. Las familias permanecen en alerta máxima ante el temor de que la vivienda conectada a la escuela haya sido escenario de delitos mayores, mientras las autoridades educativas determinan la responsabilidad administrativa por la falsedad de declaraciones e información técnica proporcionada por la dirección.
