La extorsión es quizá el delito más silencioso y al mismo tiempo más extendido del país. No deja siempre cuerpos, pero sí quiebra negocios, familias, comunidades enteras. Por eso es relevante que el gobierno federal haya puesto el tema al centro de la Estrategia Nacional de Seguridad y que la presidenta Claudia Sheinbaum impulse una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, con homologación obligatoria en las 32 entidades.
El giro es importante: que la extorsión se persiga de oficio y que la carga ya no recaiga en la víctima es un avance real. En un país donde denunciar sigue siendo sinónimo de exponerse, este cambio no es menor. También lo es el intento de cerrar el cerco tecnológico, con un registro telefónico que busque impedir que el celular siga siendo el arma preferida de los extorsionadores.
Los datos oficiales respaldan la narrativa de contención del crimen: reducción del 37 por ciento en homicidios dolosos, miles de detenidos por delitos de alto impacto, toneladas de droga asegurada y más de 600 personas vinculadas directamente con extorsión detenidas en 22 estados. No es poca cosa.
Pero aquí está el punto incómodo: endurecer sanciones y mejorar la coordinación legal no ataca el corazón del problema.
La extorsión en México no se explica sin los autogobiernos en los penales. Buena parte de las llamadas salen desde cárceles donde el Estado perdió el control hace años. Teléfonos celulares, listas de números, protección interna, drogas circulando con normalidad y redes criminales que operan desde una celda como si fuera oficina. Mientras eso no se desmonte, cualquier ley llegará tarde… y a medias.
El segundo fondo del problema es el mercado negro —y legal— de líneas telefónicas. En México conseguir un chip es tan fácil como comprar un refresco. Sin controles reales, sin verificación efectiva de identidad, sin consecuencias para quienes venden líneas que terminan en delitos. El registro ayudará, sí, pero solo si se aplica sin simulación.
Y luego está el factor más poderoso: el miedo. La extorsión funciona porque la amenaza es creíble y porque la gente sabe —o cree— que nadie la va a proteger. El comerciante paga porque no confía en la autoridad, porque ha visto lo que pasa cuando alguien “se pone valiente”, porque el riesgo de perderlo todo es inmediato. Mientras el Estado no rompa ese círculo de terror cotidiano, las cifras pueden mejorar y aun así el delito seguirá vivo.
Los programas de atención a las causas, las Jornadas de Paz, el desarme voluntario y la coordinación entre dependencias son piezas necesarias del rompecabezas. También lo es la reestructuración prometida por la Fiscalía General de la República y el fortalecimiento de las fiscalías estatales. Pero hay una verdad que no se puede esquivar: si las cárceles siguen siendo centros de operación criminal, la extorsión seguirá teniendo línea directa con la calle.
