En Puebla, los alcoholímetros no se apagaron por accidente: se apagaron porque estaban podridos. Y aunque suene duro, es la verdad que el vicealmirante Francisco Sánchez González decidió enfrentar de frente. Prefirió detener los operativos antes que permitir que siguieran funcionando como “caja chica” de malos policías estatales y municipales. Fue una decisión incómoda, pero correcta.
La corrupción en los retenes llevaba tiempo fermentando. Ciudadanos que denunciaban cobros a mano alzada, amenazas veladas y la sensación de que el operativo no buscaba salvar vidas, sino recaudar. Cuando una herramienta preventiva se convierte en negocio, deja de ser política pública y se vuelve extorsión.
Y aun así, suspender los alcoholímetros no es un acto menor. Puebla arrastra un historial doloroso de siniestros viales donde el alcohol es protagonista constante. Cada año se suman familias que pierden a alguien en la madrugada, jóvenes que no regresan a casa, peatones atropellados por conductores que “creían estar bien”. Detener la principal barrera contra esa realidad implica un riesgo… pero mantenerla corrompida implica uno mayor.
Sánchez González hizo lo que pocas veces se ve en seguridad pública: reconocer que un operativo falló por culpa interna y frenarlo antes de que siguiera haciendo daño. No fue un gesto de debilidad, sino de limpieza institucional. Y hoy, en un estado donde las malas prácticas suelen ocultarse hasta que estallan, la decisión merece ser leída como un primer paso serio.
El verdadero reto está en lo que viene. Si los alcoholímetros regresan iguales, regresará también la corrupción que los intoxicó. Pero si vuelven con controles reales, supervisión directa y un mando que no tolere a los “vivales” del uniforme, entonces esta pausa habrá servido para algo.
Suspender por corrupción no es el escándalo. El escándalo era operar así. El vicealmirante decidió detener la simulación. Ahora toca demostrar que Puebla puede tener alcoholímetros que prevengan tragedias, no que las financien.
