En Puebla hay diputadas que no legislan, gestoras que no gestionan y representantes populares que parecen olvidar que los escaños se ocupan para servir, no para servirse. Lo que debería ser una voz para el pueblo se ha convertido en una pasarela de vanidades, ocurrencias y ausencias vergonzosas.
A esta redacción llegó la historia de Abigail, una mujer trans que —como tantas personas en este país— ha tenido que abrirse paso entre la marginación y la violencia para lograr algo tan básico como un techo propio. Ella, al igual que varias familias de su conjunto habitacional, no cuenta con escrituras ni con certeza jurídica sobre su patrimonio. Y ha sido hostigada por gestores que, amparados en su cinismo, pretenden arrebatarle lo que con esfuerzo ha construido.
¿A quién recurrió? A Gabriela Chumacero, la primera diputada transgénero en el Congreso de Puebla. Pero esa supuesta representación quedó en el discurso. Chumacero —que accedió a la curul no por votos, sino por cuota política tras la salida de José Luis García Parra— le prometió enviarle a su equipo jurídico. Fue solo una vez. Nunca más respondió. Ni la ayudó, ni volvió a aparecer.
¿Qué se puede esperar entonces de una legisladora que no escucha ni a los suyos? ¿Dónde quedó la empatía? ¿Dónde el compromiso con la comunidad trans que dice representar? Porque no basta con portar una bandera: hay que sostenerla con hechos. Y en ese rubro, la diputada simplemente ha fallado.
No está de más recordar que el Congreso de Puebla aprobó en 2021 —bajo presión de la sociedad civil y de organizaciones de derechos humanos— la llamada “Ley Agnes”, que permite la rectificación del acta de nacimiento para personas trans. Fue un logro histórico en la lucha por el reconocimiento de los derechos de identidad de género. Pero ese logro no vino de los curules, sino de las calles. Del activismo. De la resistencia. Y ahora que algunos de esos espacios han sido ocupados por representantes de la diversidad, lo mínimo que se esperaría es coherencia y acción.
Y mientras unas evaden, otras se exhiben. La diputada priista Delfina Pozos ha hecho de la tribuna un trampolín para su carrera política. Dice buscar mejorar la vida de los trabajadores poblanos proponiendo —¡oh genialidad!— que por ley se otorgue un día de home office a la semana. Lo plantea como una solución para el estrés, el gasto y la contaminación. Y uno se preguntaría si también quiere que llueva café por decreto.
La iniciativa, además de no tener sustento técnico ni económico, es una copia poco disimulada de la reforma impulsada por el partido Fuerza por México sobre la jornada laboral de 40 horas. Una reforma que, dicho sea de paso, sí ha generado debate serio a nivel federal y que cuenta con respaldo de organismos laborales. Lo de Delfina, en cambio, suena más a ocurrencia para llamar la atención que a una propuesta real para transformar las condiciones laborales de los poblanos.
Y ya que estamos en eso, también sería sano revisar el trato que da a sus propios colaboradores: jóvenes que trabajan por casi nada, haciendo tareas partidistas que poco tienen que ver con su formación profesional. ¿Así piensa mejorar la calidad de vida?
En suma, hay diputadas que legislan con ocurrencias, otras que gestionan con fantasmas y muchas que se suben al poder sin recordar que se deben al pueblo, no a sus ambiciones.
Puebla necesita representantes, no figurines. Voces firmes, no influencers del Congreso. Y sobre todo, una ciudadanía que no se calle ante la simulación. Porque el cargo les está quedando grande.
