PUEBLA, PUE. (13 de mayo, 2026) – Con una inversión de 400 millones de pesos, el Gobierno del Estado puso en marcha una estrategia masiva de tecnificación agrícola para fortalecer la productividad rural. La secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que estos recursos permitieron la adquisición de 1,824 equipos de alta tecnología, los cuales serán distribuidos de manera estratégica para transformar los procesos de siembra y cosecha en las diversas regiones de la entidad.
Tecnología y maquinaria para productores
La nueva infraestructura agrícola se organizó en 220 módulos operativos diseñados para dar cobertura a los 217 municipios del estado. El equipamiento incluye:
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Maquinaria Pesada: Tractores de última generación y trilladoras especializadas para sorgo.
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Tecnología de Precisión: Drones para monitoreo y aplicación de insumos, así como diversos implementos agrícolas especializados.
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Alcance: Se estima que estos equipos beneficiarán a más de 105 mil productoras y productores, optimizando el trabajo en alrededor de 200 mil hectáreas de temporal.
Democratización de la productividad rural
Altamirano Pérez destacó que esta inversión forma parte de un paquete global de 1,700 millones de pesos destinados al sector agropecuario poblano. El objetivo central es acercar herramientas modernas a pequeños y medianos productores que históricamente habían sido excluidos de la tecnificación. Al distribuir la maquinaria en puntos estratégicos, se busca reducir costos operativos y tiempos de traslado, garantizando que la tecnología no sea un privilegio, sino un motor de desarrollo para las familias campesinas.
Capacitación y acompañamiento técnico
Para asegurar la durabilidad y eficiencia de los equipos, la Secretaría de Desarrollo Rural implementará un programa de acompañamiento técnico y capacitación. Este esquema permitirá a los beneficiarios dominar el uso de los drones y la maquinaria pesada, maximizando el rendimiento de sus cultivos. Con esta medida, el gobierno busca no solo entregar herramientas, sino generar un cambio estructural en el modelo de producción agrícola del estado de cara a los próximos ciclos de siembra.
