PUEBLA, PUE. (9 de abril, 2026) – En una sesión marcada por el debate ideológico, el Congreso de Puebla aprobó con 34 votos a favor la minuta de reforma constitucional conocida como el “Plan B” electoral. Esta modificación al Artículo 115 constitucional transformará la administración municipal en 2027, obligando al Ayuntamiento de Puebla a reducir su número de regidores de 23 a 15.
Austeridad y Eficiencia Presupuestaria
El objetivo central de la reforma, impulsada desde el Ejecutivo Federal, es optimizar el uso de los recursos públicos mediante la eliminación de excesos legislativos y administrativos:
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Recorte de Espacios: La capital poblana perderá 8 regidurías, lo que implica un ahorro significativo en la nómina del cuerpo edilicio.
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Destino del Ahorro: Se estableció que el presupuesto liberado por la eliminación de estos salarios se asigne directamente a programas de obra pública.
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Topes Legislativos: Los presupuestos de los Poderes Legislativos locales ya no crecerán discrecionalmente; a partir de ahora, solo podrán aumentar conforme a la inflación.
Choque de Posturas en el Pleno
La aprobación no estuvo exenta de fricciones entre los grupos parlamentarios, evidenciando dos visiones opuestas sobre la gobernanza:
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A favor (Morena y aliados): Diputadas como Grace Palomares y Azucena Rosas defendieron que la reforma acaba con los privilegios de la clase política y garantiza una administración más austera.
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En contra (PRI y PAN): Delfina Pozos (PRI) y Susana Riestra (PAN) argumentaron que la reducción de regidores debilita a las minorías de oposición y no atiende problemas críticos como la seguridad o la intromisión delictiva en las elecciones.
Implementación Gradual
De acuerdo con la dirección jurídica del Congreso, estos cambios entrarán en vigor para el periodo gubernamental de 2027. Mientras que Puebla capital deberá recortar su Cabildo, la ley permite que municipios más pequeños aumenten su representación si su crecimiento poblacional lo justifica, siempre bajo el tope máximo de 15 integrantes.
Además de las regidurías, el Plan B impacta en la revocación de mandato, límites salariales para funcionarios electorales y el funcionamiento del Senado, consolidando un nuevo marco jurídico para los próximos procesos electorales en el estado.
